"Lo continuaré haciendo hasta que acabe en la cárcel: ayudar a quien me parece bueno con o sin papeles"
El 29 de agosto, el agricultor Cédric Herrou fue condenado con cuatro meses de cárcel y suspensión de la pena por haber ayudado a migrantes africanos el Valle de La Roya, en la frontera franco-italiana. En otras palabras: para el estado francés cometió un delito de solidaridad.
Pero resulta que dicho delito de solidaridad no existe en la ley francesa, como ha recordado la Liga de los Derechos del Hombre (LDH) al ministro del Interior, Gérard Collomb. Desgraciadamente, hace dos días que Pierre-Alain Mannoni, investigador de la Universidad de Niza, también fue condenado por los mismos motivos a 10 meses de prisión con suspensión de pena. Él fue el primer detenido. Además, han sido represaliadas otras cuatro personas de la Asociación de Defensa de Migrantes del Valle Franco-Italiano de La Roya con una multa de 800 euros cada uno.
¿Cómo es posible que el estado francés se esté saltando sus propias leyes y los derechos internacionales en estos casos que suceden en La Roya, en la frontera italiana? Observando el caso de Herrou, que ha ocupado titulares en la prensa europea y norteamericana, puede comprenderse por qué.
I. ¿Qué es el delito de solidaridad?
“Denegación de justicia”, “acoso por parte de los poderes públicos”, “encarcelamientos de estado”, "obstaculización del trabajo de los defensores de los derechos de los migrantes", “ecos feos de la persecución francesa de los judíos”. Así se ha definido el caso de la solidaridad perseguida en el Valle de la Roya. Por su parte, la justicia dictaminó la acusación siguiente hacia Herrou: “ayuda a la circulación y residencia de extranjeros en situación irregular”.
Cédric Herrou a la entrada del juicio
Lo que hizo este campesino fue subir a su coche, hospedar a migrantes africanos que se encontraban perdidos en el valle de La Roya, ayudarles en la solicitud de asilo y subirlos a trenes que los llevarían a Italia, bajo el paraguas de la asociación solidaria Roya Citoyenne. Asimismo, demostró que existe una “caza de negros” por parte de los policías que persiguen a los migrantes africanos en el paso de la frontera: se detienen personas por sus rasgos faciales y los antidisturbios expulsan a diario a menores extranjeros sin acompañantes de trenes con destino a Italia, contraviniendo así, ambas cosas, al derecho francés e internacional.
Una persona puede ser perseguida y condenada si ayuda a un extranjero a recargar su móvil.
Y sin embargo, Herrou se encuentra ahora en custodia preventiva, tiene prohibido acercarse a cualquier estación de tren de la región Alpes Marítimos y deberá pagar una multa de mil euros a la SNFC, la empresa pública que gestiona los trenes en Francia.
La razón es la siguiente, como explica la LDH: “El gobierno anterior pretendió con frecuencia que había abolido el delito de solidaridad por la ley del 31 de diciembre de 2012. En realidad, no hizo más que introducir en un nuevo artículo un cierto número de excepciones, familiares y humanitarias, que excluían las persecuciones penales. Pero esas disposiciones son tan imprecisas que pueden dar lugar —y lo estamos viendo— a interpretaciones contradictorias por parte de la jurisprudencia, en función de la naturaleza de los actos de solidaridad incriminados. Por ejemplo, una persona puede ser perseguida y condenada si ayuda a un extranjero a pasar una frontera, si permite que vaya de un lado a otro del territorio nacional o si le ayuda a recargar su móvil. (...) Así, las autoridades públicas no paran de recurrir a los delitos anexos (ultraje, injuria o difamación, impedimento de la circulación de una aeronave, no respetar la reglamentación sobre higiene o seguridad) para intimidar y después perseguir a los solidarios”.
Pierre-Alain Mannoni
¡Es urgente que el delito de solidaridad sea abolido de verdad!
“Ni traficantes, ni delincuentes: defensores de los derechos humanos”, han protestado Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, la Cimade, Secours catholique y Médicos sin Fronteras. También el Groupe d’information et de souten des inmigrées (GISTI) y la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos lo solicitado sin ambages: "¡Es urgente que el delito de solidaridad sea abolido de verdad!”. Las peticiones se han hecho llegar a las autoridades nacionales, regionales y a los órganos competentes de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
II. “La ayuda humanitaria solo vale si es apolítica: la justicia autoriza la caridad, no la solidaridad”.
A Cédric Herrou fueron a buscarle a su casa, como explica la LDH, “con un impresionante despliegue de fuerzas policiales, armadas, equipadas con chalecos antibalas, como si la situación fuera de gran crimen o lucha antiterrorista". Había policia apostada por toda la montaña alrededor de su casa y cualquiera que iba a visitarlo era controlado. Él que se define como “agricultor, criador de pollos y ciudadano”, lo volvería hacer. Así lo dice él mismo en su Facebook:
“Nací en una barriada de Niza donde mis camaradas de clase eran negros, grises, amarillos, blancos. Fui educado en la indiferencia racial y eso es lo que hoy me reprochan, que no haga diferencias, que no pida los papeles a un niño antes de tenderle la mano. (...) Lo continuaré haciendo hasta que acabe en la cárcel: ayudar a quien me parece bueno con o sin papeles porque amo la vida y la respeto. No sucumbiré a la amenaza, a la presión, ni seré cómplice quedándome en silencio y no haciendo nada”.
Fui educado en la indiferencia racial y eso es lo que hoy me reprochan, que no pida los papeles a un niño antes de tenderle la mano.
Pero Herrou conoce la ley y sabe que el gobierno se está contradiciendo:
“El razonamiento de la justicia lo pone claramente de manifiesto: lo que se condena es la militancia (...) No es tanto el humanismo generoso del olivarero lo que le hace merecedor de la ira del Estado. (...) Es más bien el que, mediante la acción que llevo a cabo en mi asociación, desenmascare cuál es la política gubernamental (...). Para esos altos funcionarios, representantes de la más alta autoridad, los inmigrantes no son más que cifras, un flujo, unas cuotas. Por contra, nosotros, habitantes de la Roya, nos cruzamos con ellos y sus miradas”.
La ayuda humanitaria solo vale si es apolítica: la justicia autoriza la caridad, no la solidaridad.
De la misma manera reflexionaba Eric Fassin, que ha escrito una serie de 4 artículos sobre este asunto en Mediapart, y lo resumía así: “La ayuda humanitaria solo vale si es apolítica: la justicia autoriza la caridad, no la solidaridad”. Y añadía esta reflexión: “El trabajo militante hace visible no solo lo que el Estado no hace, sino también (y, tal vez, sobre todo) lo que hace. (...) Si se encarcela [a Herrou] en base a su militancia, habría que considerarlo como un prisionero político, condenado no por haber contravenido la ley, sino por haber mostrado que el Estado que le persigue no la respeta”.
El trabajo militante hace visible no solo lo que el Estado no hace, sino también (y, tal vez, sobre todo) lo que hace.
Además, Fassin ponía de relieve estas palabras que el presidente Macron pronunció el 23 de junio en Bruselas que diferenciaban a los refugiados, que ocupan un lugar en su agenda diaria, de los migrantes:
“Los refugiados no son como los migrantes, no son migrantes por razones económicas, son mujeres y hombres que huyen de su país por su libertad”. Por si no quedara suficientemente clara la consideración, Fassin preguntaba al sociólogo italiano Salvatore Palidda por estas palabras, que respondía así: “Dejémonos de edulcorar los hechos: lo que Europa está haciendo contra los seres humanos que quieren llegar aquí es fascismo y es racismo”. Y concluía que “la solidaridad política nos hace ver, más allá de los discursos, la realidad de las prácticas que la contradicen. En el fondo, Gérard Collomb es sin duda la verdad de Emmanuel Macron, sin la amabilidad”.