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Ya no cabe duda: el Brexit afectará a la alimentación de los británicos. Los planes respecto a la producción agrícola y ganadera y a la distribución de productos han llegado tarde y todavía generan dudas, cuando no reacciones en contra. Minette Batters, presidenta del Sindicato Nacional de Granjeros (NFU), señaló que apenas se estaba comentando cómo iban a producirse los alimentos después del Brexit en la Agriculture Bill. ¿Qué comerá Reino Unido tras salir de la Unión Europea?
Las ayudas al campesino de la Política Agraria Común
Hasta su desvinculación, Reino Unido se beneficiará de los subsidios de la Política Agraria Común (PAC), un paquete económico que hoy supone alrededor del 40% del presupuesto de la Unión Europea, recaudado a través de los recargos sobre el PIB, el IVA, importaciones agrícolas, derechos de aduanas, entre otros. Pactada en 1962 entre los estados miembro, la PAC fue creada para proteger a los agricultores y ganaderos de posibles bajadas de demanda o de precio, para asegurarles unos beneficios estables y para compensar actividades que realizan a diario que son favorables para el medioambiente pero que normalmente no son remuneradas por los mercados. En este 2018, la PAC ha repartido 58,28 billones de euros, de los 160,113 billones del presupuesto europeo, entre las 11 millones de granjas que existen en Europa, mediante dos agencias: el Fondo de Garantía Agrícola Europeo y el Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural.
A día de hoy, la PAC pone los medios para que los alimentos puedan seguirse produciendo de forma estable y con un flujo ininterrumpido en Europa. Reino Unido contribuye menos que el resto de países miembros desde 1984, cuando Margaret Thatcher negoció lo que se conoce como cheque británico, una reducción del 66% al presupuesto europeo debido a que dispone de menor superficie agraria y que su IVA es mayor. Sin embargo, eso no es suficiente para el ministro británico de medioambiente, alimentación y asuntos rurales, Michael Gove, que aboga por la retirada de los subsidios de la PAC de forma gradual, hasta su completa abolición en 2028. Además, Gove ha afirmado que su idea es vincular los sueldos de los agricultores, no con la cantidad de tierra que poseen (tal y como ahora hace la PAC, pendiente de renovación de cara a 2020), sino por cómo de comprometidos estén los agricultores con el medioambiente.
Por otro lado, para asegurar el flujo de alimentos, Reino Unido deberá pactar un modelo comercial, ya que en suelo británico solamente se produce el 49% de los alimentos consumidos. El resto proviene en un 30% de la Unión Europea y en 11% de terceros países que recalan en suelo europeo. Su primera propuesta de modelo alternativo, el Chequers Plan, planteaba la libre circulación de comida y productos agrícolas entre Reino Unido y la Unión Europea, tal y como ocurre ahora. Obviamente, esto no gustó a Europa, ya que Reino Unido no quería contribuir al presupuesto y tampoco permitir la libre circulación de personas, lo que significaba que escogía uno y rechazaba el resto de los supuestos del mercado único europeo.
Finalmente, el 25 de noviembre, se acordó que Reino Unido dependerá de la Unión Europea comercialmente: podrá acceder a los mercados europeos si respeta los estándares de competencia, impuestos, medioambiente y protección social y laboral. Según el Imperial College, esto supondría colas de casi 50 kilómetros en la frontera británica (y probablemente también en la francesa), ya que la diferencia de estándares sobre los productos alimentarios retrasaría los controles de seguridad. Por su lado, el Centre for Food Policy también auguraba retrasos en la frontera, además de disrupciones en la distribución, afectaciones en la logística del transporte de mercancías, problemas de almacenaje, cambios radicales en el acceso a la comida, que se traducirián en fluctuaciones de precio de, por lo menos, el 40%. En vista de esto, las empresas llevan meses acumulando materias primas a tal ritmo que los almacenes de Reino Unido están prácticamente llenos.
Estados Unidos y Australia, ¿la nuevas carnicerías?
La primera alternativa comercial a Europa en la que han pensado los brexiteers es Estados Unidos. Sin embargo, desde la asociación de consumidores Which? han realizado un sondeo que demuestra que “el 80% de los consumidores no están cómodos con la idea de comer ternera criada con hormonas de crecimiento” y que “el 73% no quieren pollo tratado con cloro”. También se ha planteado importar carne de Australia, algo que actualmente la UE prohíbe. Todo esto ha despertado la preocupación respecto a la futura calidad de los alimentos que se consuman en suelo británico, ya que en el caso de que no hubiera acuerdo, toda la infraestructura de seguridad alimentaria de la Unión Europea, encarnada en organismos como la EFSA (European Food Safety Authority) y en operativos como la RASFF (Food and Feed Safety Alerts), dejaría de ser efectiva en Reino Unido.
Mano de obra migrante con garantías de devolución
Otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos del futuro de la alimentación del Reino Unido es quién producirá los alimentos. Actualmente, el 40% de los trabajadores del campo son migrantes. Para ellos, Theresa May ha previsto 2.500 visas temporales en un programa de dos años de prueba. Mano de obra barata que no se quede en el país, que se pueda devolver a los seis meses y contratar cuando sea necesario. No obstante, la queja de los agricultores iba en otra dirección: solamente las campañas de fruta de verano emplean 60 mil trabajadores cada año y muchos de ellos deben trabajar durante todo el año por el boom que vive el sector.
En resumen, sobre la alimentación post-Brexit, la queja sigue siendo la misma: ¿cómo se alimentará el país si no hay planes sobre la producción y comercio de los alimentos?
