Un hombre de entre 45 y 55 años se ha suicidado esta mañana en Cornellà de Llobregat, en Barcelona, en el momento en que una comitiva judicial se disponía a desahuciarlo por impago del alquiler. La víctima se había negado a abrir la puerta a la comitiva judicial, que siguiendo el protocolo ha avisado a los Mossos d'Esquadra. Cuando estos han intentado entrar nuevamente en la vivienda, el hombre se ha arrojado al vacío.
Hasta el momento se sabe que, tras ser demandado, el fallecido se puso en contacto con el Ayuntamiento y que redactó un informe urgente para acreditar que se encontraba en situación de vulnerabilidad. En marzo consiguieron aplazar el desahucio, pero esta vez —a pesar de haber presentado dos informes más en el juzgado— no lo han conseguido. "Un banco no tiene por qué tener tanta prisa, más allá de la especulación, para que la vivienda quede libre", ha explicado la teniente de alcalde de Cornellà, Montse Pérez, en declaraciones a El Periódico, "el Ayuntamiento está estudiando iniciar algún tipo de actuación contra el propietario de la vivienda, el Banco Popular".
Es un caso extremo de la violencia inmobiliaria y urbanística que asociaciones como la PAH llevan años denunciando. La relación causal explícita entre el desahucio y el suicidio nos obliga a revisar la discusión sobre el derecho a la ciudad, especialmente ahora que los precios de los alquileres han llegado a máximos históricos. Los motivos son muchos: la presión turística, el incremento de pisos turísticos ilegales o la reactivación en la compra de pisos por parte de fondos de inversión, que buscan echar a los inquilinos para revender las propiedades. Esto ha repercutido igualmente en las ciudades del cinturón de Barcelona, como es el caso de Cornellà.
Hace apenas un año nacía en Barcelona el Sindicato de Inquilinos, para luchar por alquileres dignos y defender el derecho a una vivienda digna. Era un paso más en la toma de consciencia de un problema colectivo, que tenía que ver con el modelo de ciudad y con la capacidad de la sociedad para hacer frente a un conjunto de violencias —estructurales o efectivas— que amenazan nuestra existencia. El trágico suceso de hoy confirma que sigue siendo extremadamente necesario luchar contra estos procesos, pero también que empecemos a llamarlos por su nombre: violencia inmobiliaria.
El marxista David Harvey lleva años reflexionando y escribiendo acerca de este problema. En 2005, en un artículo llamado 'El derecho a la ciudad', utilizaba el concepto de Henri Lefebvre para lanzar este llamamiento:
"La liberalización de los mercados financieros ha desatado una tormenta de poderes especulativos. Unos cuantos fondos de inversiones, en ejercicio de su inalienable derecho a obtener beneficios por cualquier medio, destruyen a golpe de especulación economías enteras (como las de Indonesia o Malasia). Destruyen ciudades enteras, las reaniman con donaciones para la ópera y el ballet mientras sus delegados ejecutivos, como ocurrió con Kenneth Lay o Enron, se pavonean en el escaparate global y acumulan riquezas desorbitadas a expensa de millones de personas. [...] Si es aquí donde conducen los derechos inalienables a la propiedad privada y al beneficio, no los queremos. Nada de esto produce ciudades que respondan a nuestros anhelos más profundos, sino mundos de desigualdad, injusticia y alienación. Estoy en contra de la acumulación ilimitada de capital y de la concepción de los derechos que la permite. Otro derecho a la ciudad es necesario".
En unos días llega el verano, y como cada año la discusión sobre el turismo y el precio de los alquileres volverá a monopolizar las conversaciones. Estaría bien que cuando llegue el momento recordemos que las violencias que rodean este fenómeno urbanístico tienen consecuencias reales, y muy graves.
El derecho a la ciudad no es un concepto abstracto.
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