Afirman que cambio climático vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses
Miko, Xiuhtezcatl, Levi, Tia, Victoria, Isaac, Joruney, Kiran, Jaime, Zealand, Jayden, Nathan, Aji, Sahara, Hazel, Avery, Sophie, Nick, Jacob y Alex son los 21 jóvenes que en 2015, cuando tenían entre 9 y 18 años, demandaron al Gobierno de Estados Unidos. Su caso se conoce como Youth v. Gov y consideran que el gobierno estadounidense ha provocado el cambio climático deliberadamente: ha puesto en peligro sus derechos constitucionales a la vida, a la libertad y a la propiedad e incumple su deber de proteger los recursos públicos esenciales.
En otras palabras: el Gobierno de Estados Unidos ha sido denunciado por dejarles a estos jóvenes un mundo inhabitable.
Youth v. Gov
Porque si en 2015, con Obama como jefe de gobierno, tenían motivos para llevar a cabo la denuncia, a día de hoy, con el presidente Donald Trump refiriéndose al cambio climático como una “farsa”, les sobran argumentos. No obstante, se ha descartado añadir el nombre del actual presidente en la denuncia, ya que no es necesario para sentenciar a los organismos gubernamentales correspondientes.
“Lo que alegan los demandantes, y espero que prueben, es que el Gobierno toma decisiones que empujan el sistema climático a la catástrofe”, explica a El País Mary Wood, profesora de la Universidad de Oregón que sembró la semilla de esta demanda.
Wood desarrolló en 2010 una estrategia nueva que ligaba el derecho medioambiental a los derechos constitucionales. Para ello, se basó en el concepto de fideicomiso público, por el cual los ciudadanos son co-propietarios de los recursos naturales, que son de propiedad pública. Lo contó en una conferencia y Julia Olson le mostró su voluntad de sacar adelante su idea. Olson y Wood formaron Our Children’s Trust, en el que implicaron a jóvenes activistas medioambientales, que denuncian al Gobierno y también a las petroleras por haber alterado de tal forma el clima que convertirá el mundo en inhabitable.
Youth v. Gov
Sin duda, el caso marca un antes y un después en la historia de la lucha contra el cambio climático. Aunque a principios de octubre el gobierno de Holanda fuera obligado a reducir sus emisiones contaminantes por mandato de un tribunal de apelación de la Haya, el caso de Estados Unidos es especialmente relevante porque es el segundo país del mundo que más contamina.
La vista, se celebrará el lunes 29 de octubre en la Corte de Distrito de Eugene, en Oregón, de no interponerse la la novena corte de apelación de San Francisco. De momento, la demanda prospera: recibió luz verde del Tribunal Supremo en julio y el 16 de octubre la jueza de Eugene, Ann Aiken, dictaminó que el caso siguiera adelante.
No es de extrañar que los jóvenes hayan encontrado la oposición del propio estado. Los 21 argumentaban que son especialmente vulnerables ante los traumas de todo tipo que causará el cambio climático: climatología extrema, escasez de recursos, dificultad para producir alimentos, desaparición de la fauna. Ante esto, el gobierno contestó que los daños medioambientales afectarían, literalmente, a todo el mundo, y que por ello la denuncia de particulares invalida el juicio.
Por otro lado, el abogado de la División de Medioambiente y Recursos Naturales, Jeffrey Wood, tildaba la iniciativa de inconstitucional, ya que, en su opinión, no debe hacerse política climática y energética para toda una nación desde un juzgado.
