Se trata de compañías propietarias de bloques enteros de viviendas que estipulan unos alquileres inasumibles
Vivir en Barcelona no es barato. Para algunos es incluso un lujo. Cada vez son más los afectados que tienen que dejar su vivienda porque no pueden hacer frente a los elevados alquileres que en ocasiones pueden suponer hasta el 80% de un sueldo.
El Sindicato de Inquilinos de Barcelona nació en mayo de 2017 precisamente para dar apoyo a los afectados y para denunciar una situación abusiva que sufren quienes intentan alquilar una vivienda en la ciudad condal.
Mediante las denuncias recogidas por los afectados, el sindicato pudo llevar a cabo una investigación que demuestra que tan solo 10 empresas son propietarias de 2.888 viviendas, tan solo en Barcelona. La investigación es tan solo la punta del iceberg.
Las empresas son propietarias de fincas enteras y cuando termina la duración del contrato suelen subir el precio del alquiler a cifras inasumibles. Esta práctica es legal ya que no existe ninguna normativa que regule o modere los precios de los inmuebles. La vara de medir: la demanda
Entre las empresas investigadas algunos de los nombres son: Sociedad Anónima de Propiedad Inmobiliaria, con 548 viviendas. Le sige Elix (351), Vauras (348), MK Premium (325), Óptimum I & III (305), Idilia (280), Norvet (249), Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (201), Palau & Manfredi (151) y Lozácar (130). Según explica el sindicato, en algunos casos como Elix o Idilia, es a través de empresas filiales que gestionan su cartera de viviendas.
Para su última campaña "Nos quedamos" el sindicato ha diseñado un mapa que representa el negocio de la vivienda en Barcelona y la concentración en pocas manos. Y no, no son pequeños caseros que alquilan su vivienda.
El sindicato anima a los afectados por las subidas de alquiler a quedarse en las viviendas y pelear para evitar que estas empresas continúen lucrándose a base de la burbuja arrendataria.
También han reclamado una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 para hacer más largos los contratos de alquiler –de tres años actualmente– y una regulación de los precios que hagan asequibles las rentas.