El país caribeño podría albergar más de 100.000 granjas para minar criptomonedas
Vivir bajo las circunstancias actuales de un país como Venezuela agudiza el ingenio: hay quienes hacen bolsas y piezas de decoración con billetes de bolívares que no sirven para nada. Y también los hay que en lugar de tirar el dinero para ganar alguna diferencia, lo multiplican, a través de bitcoins. En 2014 había unos 400 usuarios de la criptomoneda en el país. En 2016, la cifra ascendía a 80.000. En 2018, la cifra ni se sabe, pero es previsible.
La principal actividad que aterrizó en Venezuela con el bitcoin fue su minería. Aquí una breve explicación para todos aquellos que han oído hablar de bitcoins y de blockchains en los últimos meses pero saben poco: al ser monedas paralelas, no existen mecanismos oficiales y públicos que registren y validen las transacciones que hay entre bitcoins. Por ello, para mantener viva la moneda, es necesario verificar la cadena de transacciones (blockchain) con algoritmos. Quienes usan las máquinas que trabajan con los algoritmos que codifican la información del blockchain son los mineros. A cambio de esa codificación matemática, los mineros reciben bitcoins como recompensa.
Las blockchain son cada vez más complejas y grandes, con lo que se requieren máquinas más potentes. Y no solo potentes, sino rápidas, porque la competencia entre mineros no ha hecho más que aumentar. Este es el punto en el que Venezuela se ha convertido un país trascendental para este negocio: las granjas de minería (los lugares donde se concentran estas máquinas de forma masiva) consumen cantidades ingentes de electricidad y en el país caribeño, la electricidad está subsidiada. El precio del kw/h es de apenas 0,0000125 dólares.
Cada bitcoin recibido por minar se paga a 659.217.695,95 bolívares, mientras que el dólar (ya al cambio paralelo no controlado por el Estado) va a 661.824,52 bolívares.
Con una materia prima así de barata, cualquiera se lanzaría a la minería de bitcoins. Pero para empezar en el negocio es necesario de una inversión inicial, por lo que es una actividad reservada a las clases medias. La inversión, sin embargo, vale la pena. Cada bitcoin recibido por minar se paga a 659.217.695,95 bolívares, mientras que el dólar (ya al cambio paralelo no controlado por el Estado) va a 661.824,52 bolívares. El cambio se produce en páginas como localbitcoins.com
Esto ha provocado que nazcan nuevos negocios alrededor de la minería de bitcoins, como la compraventa de máquinas dentro de Venezuela y la importación ilegal de estas. La mayoría llegan en contenedores sellados desde China y pasan los controles aduaneros a través de sobornos a funcionarios, o a través de funcionarios que están metidos en el negocio. La actividad económica también se ha extendido a quienes conocen el funcionamiento técnico de las máquinas y enseñan a usarlas: instalan granjas, ventiladores, servicios eléctricos… En una reciente entrevista publicada en hackernoon, un minero venezolano revela que en el país puede que haya más de 100.000 granjas. “Cualquier espacio público con servicio eléctrico es sospechoso de estar minando bitcoins”, apunta.
El crecimiento de la actividad ha generado una nueva problemática, que es el robo de electricidad. Las granjas, cada vez más grandes, necesitan más suministro y esto provoca robos a un sistema eléctrico con infraestructuras descuidadas y nuevos sobornos.
Un problema para el régimen
Al final, la gallina de los huevos de oro de la clase media (y de los nuevos millonarios) se ha convertido en un problema grande para el Gobierno: este casi regala la electricidad pero no solo no recibe nada a cambio, sino que ve cómo en sus narices crece el mercado paralelo de bolívares que ya no podía regular con el trapicheo de dólares, además de ver crecer el contrabando y otras actividades económicas en la sombra que no tributan. A esto se le suma el hecho de tener a más funcionarios corruptos que extorsionan a mineros (con 1.000 dólares por máquina descubierta, según denuncia el anónimo de la entrevista en hackernoon) y que crean sus propios negocios, como denuncia este otro post de Steemit.
El régimen de Maduro siempre ha defendido la legalidad de minar bitcoins, pero no a cualquier precio. A lo largo de 2017 se creó una unidad policial de inteligencia dedicada a controlar la minería. A principios de aquel año, por ejemplo, se desmanteló una granja con 11.000 máquinas y se detuvo a dos trabajadores vinculados con una red de minería de criptomonedas con base en Polonia.
Los mineros temen que el gobierno se incaute sus máquinas para sacar ellos provecho, mientras limitan la actividad privada a través de impuestos y topes de ganancias
Ahora, las redadas prometen ser generalizadas: una nueva ley ha creado un nuevo registro de mineros de bitcoins para que se regularice su actividad. Cualquiera que no esté ahí se arriesga a ser detenido y a que se le incauten los materiales. Pero el registro amenaza con terminar con las ventajas que tenía el negocio, como ha sucedido con otros tantos en el país sudamericano. “Ese registro solo pretende controlar y ver qué ventajas puede sacar el estado”, asegura el entrevistado.
Mineros como él temen que el material incautado termine en dependencias del gobierno para que sea el propio gobierno el que saca beneficio de esta actividad mientras impide que el pueblo la pueda ejercer. Mientras, esperan ver quiénes son los primeros en dar el paso de inscribirse y observar las consecuencias. Por el momento, no están dispuestos a entregar lo que les permite mantener un nivel de vida inimaginable para muchos otros venezolanos.