Después del derrumbe de la presa de Hidroituango, el agua amenaza con destruir el hogar de 120.000 personas. Pero la megaobra tiene un largo historial de violaciones de derechos humanos detrás
Colombia atraviesa una tragedia. Después de que se derrumbara un túnel de una polémica presa en construcción, más de 9.000 personas han sido evacuadas de sus casas por peligro de inundación. El proyecto Hidroituango pretende ser la central hidroeléctrica más grande del país.
Al menos 120.000 residentes de cinco municipios están en alerta por el temor de una avalancha de agua. La central se ubica en el cañón del río Cauca, al oeste país, y es la segunda arteria fluvial más importante de Colombia. Proyectada en 2014, la hidroeléctrica espera generar 2.400 megavatios y abastecer el 17% de la demanda nacional y vender a otros países. Estaba previsto terminar las obras en julio.
La catástrofe -que ya ha destruido un centro de salud, dos escuelas y cientos de casas- viene anunciándose desde finales de abril. Para realizar el megaproyecto, la compañía encargada de las obras, Empresas Públicas de Medellín (EPM), construyó tres túneles para desviar el cauce. Dos de estos ya los habían sellado los operarios.
Debido a la fuerte temporada de lluvias, el lodo taponó el tercer túnel y la crecida amenazaba con desbordar la megapresa. Aguas abajo habitan comunidades. Aunque los operarios trataron de abrir dos túneles con explosivos en los últimos días, el plan fracasó. Finalmente, la compañía optó el pasado 10 de mayo por dejar salir el agua por el cuarto de máquinas. La sala de turbinas tiene un tamaño similar a un edificio de veinte plantas.
Al enorme torrente liberado se sumó otro desplome. Dos días más tarde, el túnel taponado por el río se desatascó provocando una mayor devastación. Las tormentas continúan.
“El agua comenzó a subir de forma horrible, sobre todo afectó al pueblo de Valdivia al principio. Alrededor de 600 personas tuvieron que huir rápidamente”, cuenta por teléfono Milena, presidenta de una Asociación de Afectados por Hidroituango creada antes de esta catástrofe.
La inundación ha llegado a otros territorios aguas abajo como Taraza, Cáceres, Caucasia, Nechí. Los deslizamientos de tierras amenazan con dejar miles de desplazados sin hogar.
Un megaproyecto sembrado de dudas
Hidroituango abarca 79 kilómetros de largo y afecta a 12 municipios. Desde que se aprobó, el movimiento Ríos Vivos viene denunciando que la construcción atenta contra el proceso de paz porque sumergirá a asesinados del conflicto por encontrar.
En la zona hubo más de 60 masacres sin esclarecerse. Algunas de esas matanzas se llevaron a cabo en la finca La Carolina, propiedad del ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, investigado por presuntos lazos con el paramilitarismo. El pasado 21 de abril, el Parlamento Europeo se pronunció y envió una carta a las autoridades de Colombia expresando su preocupación debido a que las familias no podría encontrar a los desaparecidos.
“Desde el año de 2012, ha habido numerosos informes de presuntas violaciones de derechos humanos contra las comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado afectadas por esta mega obra”, escribió además en la misiva el Parlamento Europeo.
La portavoz del movimiento, Isabel Cristina Zuleta, manifiesta que le gustaría que se esclareciera si el megaproyecto y los paramilitares están conectados.
Mientras, en estos años, a barqueros y campesinos se les ha expulsado de sus tierras. Aguas abajo también se quedarían sin el río del que depende su sustento. Ahora vuelve a cuestionarse si este proyecto no debió comenzarse nunca.