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Más allá del debate aborto vs vida: es una cuestión de clase

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Los abortos clandestinos son un negocio ilegal que mueve 15.000 millones de pesos al año en Argentina. Solo mujeres de clase media-alta pueden acceder en condiciones seguras

anna pacheco

08 Agosto 2018 13:14

El debate en Argentina sobre la despenalización del aborto hace tiempo que dejó de ser un debate sobre aborto vs vida. La discusión versa más sobre otras cuestiones vitales: aborto vs clandestinidad. Aborto vs vida y dignidad de la madre. Aborto igualitario vs aborto de ricas y pobres. Los colectivos feministas reivindican eso mismo: “Acá a las organizaciones pro-vida las llamamos organizaciones pro-aborto clandestino”, explica la activista Carolina Garbo, trabajadora social y militante en el colectivo Mujeres de la Tierra Colorada. Todo es “cuestión de plata”, argumenta. Los abortos siguen pasando. Su prohibición no reduce el número de mujeres que abortan, solo perjudica las garantías de acceso a él. Y no lo dicen ellas. Lo dicen las estadísticas.

Según Amnistía Internacional, alrededor de 500.000 mujeres argentinas abortan anualmente al margen de la ley. Cada una se busca la vida como puede. O mejor dicho: como se lo permite su condición social. El aborto penalizado se convierte en una cuestión de clase.

“Un aborto clandestino en el sector privado puede costar alrededor de 30.000 pesos. Las que acceden a eso son de clase media-alta. Las chicas de los sectores más desfavorecidos acuden a cualquier matrona o curandera y pueden llegar a meterse perchas, agujas de tejer o perejil" (Carolina Garbo, activista feminista)

“Un aborto clandestino en el sector privado puede costar alrededor de 30.000 pesos (cerca de 1.000 euros). Las que acceden a eso son de clase media-alta. Las chicas de los sectores más desfavorecidos acuden a cualquier matrona o curandera y pueden llegar a meterse perchas, agujas de tejer o perejil”, relata Garbo, quien, como activista, ha escuchado decenas de historias de mujeres que acuden a su colectivo en busca de ayuda. Desde esta asociación, transfieren estas llamadas o testimonios directamente a Socorristas en Red, un colectivo especializado precisamente en el acompañamiento y asesoramiento a mujeres que desean abortar.

Esta asociación explica a las mujeres, por ejemplo, cómo realizarse un aborto seguro con pastillas, que es actualmente el método más utilizado para abortar por delante del procedimiento quirúrgico. Estos abortos con medicamentos se recomiendan sobre todo hasta las 12 semanas de gestación y se realizan comúnmente con misoprostol o con una combinación de mifepristona y misoprostol. Estos medicamentos, empleados para usos gástricos, se pueden conseguir en farmacias y su usabilidad para los abortos es un secreto a voces. La propia OMS lo recomienda en su Manual de Práctica Clínica Para un Aborto Seguro, pero siempre bajo supervisión médica. Sin embargo, su precio tampoco está al alcance de todas. Una caja de Oxaprost -la marca comercial de misoprostol en Argentina- cuesta unos 3.200 pesos (unos 100 euros), lo que representa una tercera parte de salario mínimo en Argentina. El precio del fármaco se ha disparado en el último año un 23%.

Una caja de Oxaprost cuesta unos 3.200 pesos (unos 100 euros), lo que representa una tercera parte de salario mínimo en Argentina

Incluso así, muchos de estos abortos —autoinducidos lesionando el propio cuerpo, en los casos más extremos; medicalizados, o por intervención quirúrgica— no son garantía de nada. En el peor de los casos, la mujer muere. Amnistía Internacional sostiene que el aborto clandestino es la principal causa de muerte femenina evitable en 17 de las 24 provincias. “En muchos otros casos las mujeres terminan hospitalizadas por abortos incompletos”, agrega Garbo. La activista relata que en la provincia de Misiones —una de las más conservadores y con mayor presión de la iglesia— ingresan de media entre 2 y 5 chicas al día por abortos que han fallado. “Pero hay un subregistro total respecto a esta cuestión, nunca se especifica la causa en el historial médico, solo lo hacen algunos especialistas sensibilizados. El resto trata de tapar estas cifras”, apunta. Se estima, según Clarín, que unas 80.000 personas cada año tienen que ser hospitalizadas por complicaciones derivadas de una interrupción del embarazo.

“Hay muchas diferencias entre el debate que se da en las grandes ciudades que en el norte del país, por ejemplo. Aquí en Misiones hay algunas discusiones culturales muy arraigadas que hacen muy difícil debatir esta cuestión. En el interior del país la sociedad es mucho más vulnerable y eso se identifica con las clases sociales más bajas y marginales”, explica Romi Guevara, una mujer cordobesa actualmente residente en Eldorado (Misiones). En esta misma provincia norteña se viralizó un vídeo en una escuela secundaria en el que la directora de la escuela -teóricamente pública y laica- prohibía siquiera hablar sobre la campaña por el aborto o concienciar sobre métodos anticonceptivos seguro. El debate está capado en los espacios donde la educación sexual debería ser una cuestión prioritaria.

Un estudio difundido por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb) reveló, además, que los negocios clandestinos movilizan alrededor de 15 millones de pesos al año. El SafyB concluyó que despenalizar el aborto permitiría desinflar los costes y también se ganaría en seguridad. “El precio en las clínicas bajaría de 30.000 a unos 5.000 pesos, lo mismo pasaría con las pastillas. El profesional trabajaría sin los nervios de hacer algo clandestino y la paciente se registraría y tendría un control", declaraba el informe difundido en Inlitoral.

Muchas clínicas privadas se aprovechan de la coyuntura de secretismo y clandestinidad para sacar beneficio. Las clínicas ilegales operan con total impunidad —muchas veces poniendo en peligro la vida de las mujeres— y despojándolas de cualquier herramienta de defensa o denuncia ante malas praxis. Si denuncian, las pueden denunciar a ellas. Así que impera el silencio y el tabú. Este reportaje de Infobae refleja bien la realidad de estas clínicas a partir de la trama corrupta del Hotel Las Naciones. Es un caso de entre otros muchos. En este hotel, que además funcionaba como prostíbulo de lujo, se practicaban abortos por 30.000 pesos. Muchas de las mujeres que acceden a este método lo hacen por desconocimiento de otros métodos menos invasivos y recomendados por la OMS, como el ya citado misoprostol.

“Aquí tenemos otro problema aún más extremo. En la zona norte registramos el mayor índice de niñas madres. Básicamente se les niega información, no se les explica que legalmente, y desde 1921, es posible abortar si has sido víctima de violación o cuando la salud de la madre está en riesgo”, explica Garbo. El resultado es que solo el año se registraron, al menos, 200 embarazos de este tipo solo en Misiones. Las menores son víctimas de abusos o violaciones y acaban convirtiéndose en madres en edades que oscilan entre los 7 y los 14 años. “Es terrible”, apunta la activista.

En medio de este panorama, el debate de este 8 de agosto se antoja si cabe aún más urgente y prioritario. Va más allá del derecho a decidir o de la libertad e independencia de las mujeres. Tiene que ver con la igualdad. Con la igualdad social. Con el compromiso para que todas las mujeres —sin excepción de origen, condición social o factores arbitrarios— tengan derecho a una interrupción del embarazo digna y segura.

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