A nuestros nietos podremos contarles que vivimos el gran divorcio político de Europa
Para el Brexit había un precio político y Theresa May ya lo está pagando: ya tiene tres dimisiones posteriores al acuerdo de salida de la UE aprobado entre Reino Unido y la Unión.
La primera no ha sido una pérdida cualquiera. Solo han pasado unas horas desde el anuncio hasta que Dominic Raab, ministro precisamente para el Brexit, haya abandonado el ejecutivo. Es el segundo ministro para la salida de la UE que le dimite a May, tras David Davis el pasado julio.
Esta misma mañana se han ido también -descontentos por la supuesta falta de músculo y soberanía del ejecutivo de May- la ministra de Pensiones y Trabajo Esther McVey y el Secretario de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Vara. Es este precisamente un territorio clave en el acuerdo, pero... ¿de qué acuerdo hablamos? ¿Qué supone y cuáles van a ser los próximos movimientos?
El acuerdo
Hablamos de un documento de 585 páginas que podría ser el borrador de un guión para una serie de intrigas políticas. May cree "con la cabeza y el corazón" que es lo mejor que ha podido sacar de esta eterna negociación.
Derechos ciudadanos: una pequeña derrota británica
Es lo que más preocupaba directamente a aproximadamente 4 millones de personas, entre británicos residentes en la UE y viceversa.
Ha supuesto una pequeña derrota política para Reino Unido en la negociación. El millón de británicos que viven en territorio UE no mantendrán tras el Brexit, como quería su gobierno, su derecho a la libre circulación entre los 27 miembros. El país sí se ha comprometido a respetar -así será también para los comunitarios que viven en UK- los derechos de residencia, trabajo o asistencia sanitaria para los ciudadanos europeos llegados allí antes del 29 de marzo de 2019 o durante el periodo transitorio acordado que empieza el día siguiente a esa fecha.
Cohabitación: el periodo transitorio
El andamiaje administrativo de una UK fuera de la UE no puede construirse de un día para otro. Se intentará que esto sea posible en un plazo concreto, eso sí. Serán 21 meses, del 30 de marzo de 2019 -un día después de la salida "oficial"- al 31 de diciembre de 2020, los que Reino Unido seguirá ligado a las leyes comunitarias. La posible ampliación de este plazo no se descarta, aunque tendrá que pasar por otro difícil consenso.
Los brexiteers duros, partidarios de una ruptura más clara, lo han considerado otra forma de sometimiento a Bruselas, por supuesto. Para muchas empresas, por ejemplo, se trata sin embargo de un tiempo fundamental para adaptarse al nuevo estatus legal.
Backstop: la clave irlandesa
Curiosamente, el gran eje de la negociación ha sido esa particularidad geográfico-política británica llamada "Irlanda". Más específicamente se ha hablado sobre la delicada frontera suave entre el territorio del Norte, perteneciente al Reino, y la república independiente y europea del sur.
Para que esa frontera siga siendo suave -es decir, para que sigan imperando los Acuerdos de Viernes Santo que acabaron con uno de los conflictos más duros del siglo pasado- la negociación va a proseguir con el objetivo de mantener la libre circulación entre la Irlanda-UE y el Norte británico. Si no se ha conseguido un acuerdo para el verano de 2020, Londres deberá pedir una prórroga.
Esta es una derrota política especialmente para los unionistas norirlandeses socios del gobierno de May, cuyo afán ha sido, y es, que ese territorio no sea tratado de manera diferente al resto del Reino.
Gibraltar: más impuestos
Otra particularidad británica es Gibraltar. Los 14.000 trabajadores que cruzan a diario la frontera -que con el Brexit deja de ser interna de la Unión-, tienen garantizados sus derechos.
El resultado es que España y Reino Unido van a tener que entenderse más que nunca con la creación de un comité coordinador que seguirá el cumplimiento de los derechos también durante el periodo de transición. Eso sí, después -contrariamente al caso norirlandés- no se prevé prórroga del mantenimiento de esas condiciones, por lo que Madrid tendrá presumiblemente un papel negociador más fuerte sobre el peñón.
El protocolo también empuja a Reino Unido a mejorar su control sobre fiscalidad o contrabando de tabaco, que sufrirá, junto al alcohol y la gasolina, una previsible subida impositiva.