Una empresa auditora de jamones ibéricos abandona las inspecciones y denuncia el supuesto fraude del sector: “El problema tiene difícil solución. Algunas entidades más laxas aglutinan cada día más clientes"
Si no llueve, no hay bellotas. Si no hay bellotas, los cerdos crecen menos. Y si los cerdos crecen menos, producen menos jamón ibérico. Lógico, ¿no? Pues parece la ley de la lógica no impera en España, donde a pesar de las malas condiciones climatológicas de este año, la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, que a efectos prácticos opera como la patronal del sector, y la Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibérico Puro y Tronco Ibérico, dicen lo contrario: en 2018 la producción aumentará de 720.000 a 750.000 cerdos ibéricos sacrificados. Razones como esta han llevado a ACERTA, una de las empresas que inspeccionan la calidad de los ibéricos en España, a abandonar su actividad.
“¿Hay fraude en el sector? Sí. Basta ver que no paran de aparecer casos en la prensa. ¿Las entidades de inspección son conniventes con el fraude? Queremos creer que en general no, pero conocemos casos que sí”, afirmaba en un comunicado de prensa el director general de ACERTA, Matías Romero.
“El problema tiene difícil solución”, continuaba Romero. “Algunas entidades más laxas aglutinan cada día más clientes y, en consecuencia, cada vez es más difícil sacarlas del juego, desautorizarlas, quitarles la acreditación, pues miles de productores se quedarían sin poder calificar su producto y el mercado quedaría desabastecido. El MAPAMA [Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente] y las comunidades autónomas son conscientes de esto. Cuando ENAC [Entidad Naciona de Certificación] ha puesto en problemas a alguna de las entidades, rápidamente se ha encontrado una solución de compromiso, un parche por fuera de las reglas para amortiguar los daños que ello pudiera provocar en el mercado.”
Y añadía que “ciertos operadores del sector han puesto en tela de juicio la fiabilidad de las entidades de inspección. Tanto es así que hoy por hoy se presuponen cómplices de un fraude generalizado”.
En resumidas cuentas, ese supuesto fraude podría estarse dando, según las fuentes consultadas por Economía Digital, que ha cubierto todas las noticias sobre el caso, por culpa de una inspección negligente por parte de las entidades correspondientes, que son financiadas por los mismos fabricantes para las auditorías que les otorguen el sello de calidad y por un etiquetado irregular de los jamones. Por otro lado, al no haber suficientes bellotas para alimentar a los cerdos cuando es temporada de montanera (unos meses antes de entrar al matadero), se les compensa con un comedero de pienso instalado en la misma dehesa.
Pero todavía hay más, porque según el consultor de mercado Constantino Martínez, que llegó a presentar una denuncia a la Comisión Europea, España viola las leyes comunitarias respecto a la definición de cerdo ibérico, al estar permitido (gracias al Real Decreto 4/2014 aprobado por el ex ministro Miguel Arias Cañete, llamar ‘ibérico’ al cerdo cruzado al 50% con la raza Duroc, que es más productiva y rentable.
La noticia no viene de nuevo: en enero de 2018 se publicó desde Economía Digital que la Guardia Civil estaba investigando a COMAPA (que forma parte de la empresa Osona Intensiva y comercializa las marcas Sabores de Antaño, Oro de Granada, La joya del Jabugo, Aurum), el mayor vendedor de jamón ibérico del sector. E incluso la prensa internacional se ha hecho eco del supuesto fraude del jamón ibérico. En junio de 2017 el periódico alemán Süddeutsche Zeitung titulaba con “El escándalo del jamón ibérico” un reportaje donde se aseguraba que el 90% del jamón comercializado como ibérico no lo es. También The Economist le dedicaba un espacio en enero de 2018 y recordaba lo inusual de encontrar jamón ibérico fuera de España y además a 50 euros. Pero es que en España, piezas que se venden sobre los 300 euros, bajaron a menos de 200 y se vendían en grandes superfícies como Carrefour. Sorpresa: uno de los motivos es que eran congelados, una práctica que acelera los tiempos de producción y que no se aplica en los ibéricos.
La retirada del sector de una auditora como ACERTA alerta de que, como decía su director, estamos ante un fraude generalizado de difícil solución. La peor noticia es que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, confirmó que no investigaría el fraude y que dejaría el caso en manos de cada comunidad autónoma.
