Un polémico programa penitenciario pone sobre la mesa los dudosos planteamientos que existen a la hora de concebir la reinserción de los presos
"Los libros lo son todo para mi", explica Edwin García en The New Yorker, uno de los presos de la Shawangunk Correctional Facility de Nueva York, que fue condenado por robo en 1995. García es un ávido lector de ciencia-ficción y explica que los libros son lo único que le ayuda a reconectar con la realidad. Estas Navidades, su hijo le hizo llegar a través de Amazon El gran diseño, de Stephen Hawkings, y La realidad no es lo que parece, de Carlo Rovelli.
Ahora, dice, "la burocracia ha chocado contra la humanidad", ya que la entrada en vigor de un nuevo programa penitenciario que regula los envíos y las empresas autorizadas para vender productos dentro de las prisiones ha limitado su acceso a la literatura de forma sorprendente.
El catálogo de libros que pueden comprar se reduce a 77 títulos: 14 son textos religiosos, 24 son libros para colorear, 21 son crucigramas, 11 son libros de autoayuda y hay un diccionario.
Esta nueva normativa, lanzada por el New York Department of Corrections and Community Supervision (DOCCS), es de momento un programa piloto, que se aplica solamente a tres prisiones, pero que tiene que entrar en vigor este año. En un principio se había anunciado que la nueva regulación afectaría solo a la ropa, la comida y los productos de casa. Sin embargo, la polémica directiva 4911A obliga a que cualquier transacción con el exterior pase por las compañías autorizadas, por lo que la vida de los presos tiene que amoldarse a la oferta de tales empresas: pueden comprarse una zapatillas de tenis, pero no un libro de Jonathan Franzen.
Desde el DOCCS, han negado que se trate de un acto de censura. Afirman los presos que pueden seguir accediendo a los libros, no solo de los vendedores autorizados, sino a todos aquellos que se encuentran en las bibliotecas de las cárceles gracias a asociaciones como Books Through Bars —organización voluntaria que hace más de veinte años que trabaja mandando libros a los presos que no pueden permitírselo—. Tras la polémica, desde la DOCCS han añadido una sexta empresa de venta que amplia la oferta de libros con unos 100 títulos más.
A pesar de utilizarlos como estandarte, la misma Books Through Bars ha lanzado un comunicado condenando el nuevo programa, y ha denunciado lo problemático de encoger así el universo mental de los presos. "Ni Jane Austen, ni Ernest Hemingway, ni Maya Angeleou, ni ningún tipo de literatura que ayude a la gente a conectarse con lo que significa ser humano." Señalan que tampoco hay textos que les ayuden a cultivar las aptitudes esenciales para encontrar y mantener un trabajo una vez salgan de prisión, ni libros sobre salud, historia o pensamiento. Se trata de una "restricción draconiana" que limita todavía más el mundo de miles de personas.
Este "desliz burocrático" —que como ha advertido Paul Wright, abogado fundador de Prison Legal News, puede ser inconstitucional— resulta sintomático de hasta qué punto las prisiones se gestionan sin tener en cuenta la humanidad de los presos, y cada vez más acercándose a un modelo de gestión privada —muy extendida ya en Estados Unidos— que tiene más en cuenta la relación coste-beneficio que la función social de las cárceles. La medida se implementó pensando en "maximización del acceso a los productos", el establecimiento de "precios competitivos" y para hacer "eficiente" la operación. La práctica supresión de los libros ha sido un daño colateral, una consecuencia no esperada.
"La burocracia ha chocado contra la humanidad", se lamentaba García, pero quizá lo que toca preguntarse ahora es cuales son las razones que nos han llevado a este choque.