En el debate sobre el lenguaje inclusivo se produce una curiosa paradoja. Los expertos que defienden que la lengua no puede ser intervenida por motivos ideológicos, apelando a los "usos asentados" y a su evolución histórica, son los mismos que bloquean cualquier iniciativa que aspire a cambiar los usos reales del lenguaje. Hablan de plasticidad para explicar cómo la lengua ha llegado a ser lo que es hoy, pero tildan de totalitarismo cualquier forma de activismo que persiga transformar las cosas.
Lo hemos visto recientemente con el berrinche del escritor Arturo Pérez-Reverte, que ha amenazado con marcharse de la RAE tras saberse que el Gobierno quiere adecuar la Constitución a un lenguaje inclusivo. Su pataleta dejaba claro que frente a la lengua no hay neutralidad posible. Ni tan solo los académicos pueden aspirar a la objetividad desinteresada, por más que se vean a sí mismos como "notarios" y no cómo "médicos" de los "usos del pueblo".
"Combatir cualquier iniciativa para visibilizar el uso no marcado del masculino es también una forma de intervención política. Que se defina desde la norma no significa que la intervención sea ideológicamente vacía."
Combatir cualquier iniciativa para visibilizar el uso no marcado del masculino es también una forma de intervención política. Que se defina desde la norma no significa que la intervención sea ideológicamente vacía. Más bien al contrario: significa que la violencia que se moviliza contra el movimiento feminista es doble, en la medida que no sólo se combaten sus ideas, sino también su legitimidad para expresarlas.
Incurren en esta argumentación paradójica quienes tienen tan asegurada su posición de poder que pueden presentar su privilegio como el estado natural de las cosas.
Podemos verlo en lo que Michael Billig llamó "nacionalismo banal": cuando una nación cuenta con un Estado que la defienda como la realidad impolítica de un territorio, cualquier otra reivindicación identitaria parece un invento ridículo y antinatural. Pero también lo estamos viendo en el debate sobre el consentimiento y la necesidad de que exista un "sí" explícito en las relaciones sexuales: se ridiculiza cualquier propuesta que quiera transformar nuestra cultura del consentimiento, y se hace apelando al sentido común, al cómo-se-han-hecho-siempre-las-cosas.
Argumentar que "nunca hemos pedido consentimiento antes de follar; imagínate al prota de Match Point pidiendo el 'sí' explícito, ¿no sería ridículo?" se parece mucho a decir "nunca hemos desdoblado el género, imagínate a Baudelaire empezando su verso con 'todos aquellos y aquellas...', ¿no sería ridículo?". En ninguno de los dos casos se discute el problema de fondo —cómo podemos dejar de blanquear formas comunes de violencia sexual / cómo podemos acabar con el sexismo en el lenguaje—. Tampoco se cuestiona hasta qué punto la representación pública de ciertos comportamientos ha contribuido a naturalizar determinadas violencias. Por el contrario, son argumentos que se limitan a desplazar el debate hacia la legitimidad de quienes exigen los cambios.
Como ha explicado Manuel Almagro en Ctxt, el problema con el "academicismo banal" de la RAE son las razones que se ofrecen para negarse al uso del lenguaje inclusivo. Se puede estar en contra de ciertas iniciativas como promover el uso del desdoblamiento —"los alumnos y las alumnas"—, como demuestra este articulo de Luis Magrinyà, sin negar la realidad sexista del lenguaje, ni ridiculizar a los colectivos feministas.
"Creemos que importa más tener razón que apelar a la humanidad de aquellos con quien no estamos de acuerdo", decía Hannah Gadsby en Nanette. Algo que es especialmente cierto en este debate, donde tener razón significa negar el malestar que produce el mismo.
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