Sus polémicas medidas le han hecho ganarse la oposición de sectores sociales y sindicales, pero su índice de aprobación es más alto que el de sus dos predecesores
El presidente francés Emmanuel Macron cumple su primer año de mandato con un rechazo del 52% de la población. Desde su llegada al Elíseo el 7 de mayo del pasado año lo tuvo claro: avanzaría con su agenda reformista costase lo que costase, se pusiese por delante quien se pusiese por delante. Y así ha sido.
Así como en las anteriores legislaturas las reformas apenas existieron, Macron ha sacudido la vida política y social del país con potentes cambios que siempre han encontrado oposición. Pero a pesar de todo, su índice de aprobación sigue siendo más alto que el de sus dos predecesores, François Hollande y Nicolas Sarkozy.
Macron ha llevado la República con pulso firme: legitimado por dos tercios de los votantes como la única opción capaz de frenar a la extrema derecha de Marine Le Pen, Macron ha flexibilizado el mercado de trabajo con una polémica reforma laboral. Y también ha metido mano en la educación, en la sanidad, en el sistema de prisiones, en la empresa estatal de ferrocarriles, en la fiscalidad y en los ministerios: ha hecho desaparecer a 120.000 funcionarios, ha limitado las prestaciones de desempleo, ha dicho a sectores como el del ferrocarril que ya nadie tiene privilegios, permitiendo negociar las condiciones laborales al margen de convenios sectoriales, ha bajado el impuesto de sociedades, ha subido las cargas contributivas a los jubilados, ha eliminado el impuesto de la vivienda para un 80% de hogares y ha sustituido el impuesto sobre la fortuna por el de renta inmobiliaria.
Estas acciones le han reforzado en el espectro político de la derecha. Así como en las elecciones presentó su candidatura como un movimiento convergente liberal para frenar al populismo, nadie duda ya en Francia de que Macron es alguien que gobierna para los ricos y sin miramientos, a pesar de aplicar exactamente el mismo programa con el que concurrió a las elecciones.
Pero, además, confirman esta tendencia su política migratoria, que facilita la expulsión y control de migrantes económicos a cambio de prometer mejores condiciones para acoger a demandantes de asilo. Los tintes de un presidente derechista también se han visto en la dureza policial contra las protestas, en el mantenimiento de la excepcionalidad como medida para luchar contra el terrorismo y su discurso atlantista, cercano a Trump, con el que pretende reforzar el liderazgo internacional de Francia.
Sus recetas económicas han aumentado el dinamismo de la inversión y ha logrado ajustarse a las exigencias de la UE, limitando el gasto público en 60.000 millones de euros y el déficit público por debajo del 3%, en concreto, al 2,6%. Se trata de la primera vez desde 2007 que Francia cumple con los objetivos económicos comunitarios.
Los buenos datos macroeconómicos, sin embargo, contrastan con una mayor desigualdad entre las zonas urbanas y el campo, y el malestar de sectores sociales y sindicales principales afectados por las reformas. El domingo se registraron protestas en diferentes ciudades contra Macron y una agenda reformista liberal que se ha aplicado con estilo autoritario.