Consultamos con dos activistas el impacto de este requerimiento y la importancia de una medida así
Mónica, Diana, Juana, Yolanda... El mapa de México está atiborrado de cruces rojas. Ese color rojo marca los feminicidios. Hay tantas cruces que solo mirar el mapa resulta un ejercicio doloroso. Este 2018, este mapa interactivo —impulsado y autogestionado por la activista feminista María Salguero— ya ha registrado en el primer semestre 1165 casos. 1165 asesinatos de hombres a mujeres por el mero hecho de serlo. Uno de los casos más recientes: Ana Lizbeth, una niña de 8 años raptada y asesinada por un hombre de 37 años en Nuevo Léón.
Mapa de Feminicidios vía María Salguero
El mapa de feminicidios sirve de contrapunto a las cifras oficiales. Según los datos de la Secretaría de Gobernación de México, en el primer semestre del año se produjeron 402 asesinatos a mujeres. Una media de dos por días. Y cada vez matan más a niñas y adolescentes, según estos mismos datos.
De entre todos los estados de México, 13 no cuentan con un tipo de penal adecuado específico para el feminicidio
“El panorama es demoledor”, explica Liliana Gutiérrez, de la Comisión de prensa y difusión del Frente Feminista Nacional. Este baile de cifras tiene una explicación: muchos de los asesinatos a mujeres no contabilizan en México como feminicidios en las estadísticas oficiales. Se registran como homicidios u homicidios dolosos con la rebaja de la pena que ello implica. Por lo tanto, no quedan protegidos ni amparados por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) que define explícitamente la violencia feminicida. De entre todos los estados del país, 13 entidades no cuentan con un tipo penal adecuado. En ese sentido, la ONU ha requerido al país que tipifique los feminicidios en todos los estados, una medida necesaria y aplaudida desde varios colectivos feministas.
“El requerimiento de la ONU es muy necesario. Tipificar como feminicidio el asesinato de una mujer o una niña a nivel nacional es imprescindible para que se active la Alerta de Violencia de Género”, recuerda Gutiérrez. Esta alerta, explica, “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, y su objetivo es garantizar la seguridad de las mujeres”. Si un feminicidio no recibe dicha consideración, el estado pone menos medios para la protección de la mujer.
Según el Observatorio Nacional del Feminicidio, los 13 estados que aún no cuentan con una regulación específica y garantista son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. En el norte de Michoacán, por ejemplo, se encuentra Ciudad Juárez, la segunda ciudad de México con mayor registro de feminicidios después de Ecatepec (en el estado de México).
La activista también recuerda a PlayGround que, además, México está obligado por la CEDAW (La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) a presentar un informe anual sobre la situación de las mujeres en el país.
"En México, un hombre sabe que tiene la capacidad, y me atrevería a decir que el permiso, de asesinar a su pareja, a su expareja, a la mujer que sube al taxi, a la que ve en la calle, a la que le causa molestia, por el simple hecho de ser mujer y que es muy probable que ese asesinato se mantendrá impune" (Brenda Navarro, escritora y socióloga)
El problema es que los datos van con años de retraso (en 2006 se entregó el informe de 2002) y muchas veces se omite información relevante y sustancial sobre las políticas o la situación de las mujeres. En paralelo, asociaciones y colectivos feministas han entregado 22 “informes sombra” que ponen de relieve el incumplimiento de muchas de las obligaciones del estado en cuanto a la seguridad y dignidad de las mujeres.
“No solo a nivel jurídico, la tipificación del feminicidio permite reconocer desde la esfera pública que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Un hombre sabe que tiene la capacidad, y me atrevería a decir que el permiso, de asesinar a su pareja, a su expareja, a la mujer que sube al taxi, a la que ve en la calle, a la que le causa molestia, por el simple hecho de ser mujer y que es muy probable que ese asesinato se mantendrá impune”, explica Brenda Navarro, escritora y socióloga por la UNAM y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana (UIA). Para Navarro, nombrarles como tal también es un ejercicio de memoria, reivindicación y representación.
Navarro apunta a la peligrosa normalización de los feminicidios en México. “Se ha llegado a normalizar esta violencia hasta el punto de que parece imposible vivir fuera de la misma. La noticia de que 7 mujeres han sido víctimas de feminicidios en el país debería paralizar a toda la sociedad y no lo hace”, agrega.
La impunidad, una de las tasas más altas registradas de toda América, es uno de los principales desafíos que se presentan en la sociedad mexicana. El informe Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género de 2014-2017 reveló un dato, si cabe, más alarmante: la impunidad aumentó un 52% durante los tres años en los que algunos estados del país ya incorporaron el tipo del feminicidio en algunos estados.
Las principales causas: muchos feminicidios no se investigan como tales —de ahí la importancia de extender dicha tipificación sin fisuras—, se culpabiliza a la víctima de forma sistémica en los medios, los casos se olvidan sin ser resueltos y no se castiga a las autoridades ineptas.
“El problema con las leyes mexicanas es que muchas veces éstas pueden estar en un nivel de conceptualización que pueden lucir vanguardistas y parecer que están en concordancia con los derechos humanos, sin embargo, el problema es que no se aplican adecuadamente”, aclara Navarro. “Por ello hay impunidad, porque las leyes no son aplicadas adecuadamente y hay una doble discriminación en donde se niega a la justicia por el hecho de ser mujeres y se agudiza más si además eres pobre".
El requerimiento de la ONU, para el que no se ha impuesto en principio ningún plazo de cumplimiento, ha sido valorado de forma positiva por las diferentes asociaciones y colectivos feministas. Es una herramienta de presión necesaria, aseguran, aunque no única, para que el estado tome en consideración algo tan esencial y vital como la vida y dignidad de más de la mitad de sus habitantes.