Que la obesidad es uno de los problemas más importantes de salud pública no es ninguna novedad. ¿Hasta cuándo estamos esperando para ponerle solución? La Comunidad Autónoma de Andalucía empieza desde ya con un paquete de medidas contundentes para prevenir y tratar una enfermedad que afecta ya al 16,6% de los adultos, un 15,2% de las embarazadas y al 23,1% de los niños.
Y tan contundentes como que la ley prevé una serie de castigos sobre todo para los que incumplan los puntos concernientes a la prevención de la obesidad infantil y que van desde el cierre de un negocio de hostelería a multas por valor de hasta 250.000 euros, pasando por el embargo de bienes, en las sanciones muy graves.
Las sanciones graves irán de 3.000 a 15.000 euros y serán aplicadas, por ejemplo, en caso que las empresas de catering o los centros educativos no procuren unos menús saludables por los alumnos o que los bares no ofrezcan agua gratuita.
Así es la Ley para la Promoción de una Vida Saludable, encabezada por la consejera de salud Marina Álvarez, cuyo proyecto de ley se ha aprobado este mes de enero en la Junta de Andalucía y que quiere aplicar medidas como:
-Acceso gratuito al agua en centros escolares y de ocio infantil y juvenil y en lugares públicos, ofrecida por las mismas empresas de máquinas expendedoras, y también para los clientes de bares y restaurantes, que deberán poner a disposición una jarra y vasos para que los clientes puedan servirse.
-Menús saludables en los comedores escolares, iniciativas para la distribución de frutas y verduras y participación del alumnado en huertos escolares. Asimismo, los bares y restaurantes deberán disponer de menús saludables y distintos tamaños de raciones.
-Aparcamientos para bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 trabajadores
-Derecho a una atención sanitaria integral y continuada para las personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, así como el respeto a su dignidad personal, no discriminación social, laboral y sanitaria.
-Programas para los profesionales para la prevención y el tratamiento de la obesidad, en el currículum académico para los estudiantes de Ciencias de la Salud y asignaturas de promoción de hábitos saludables, alimentación equilibrada y actividad física en los planes de formación del profesorado.
-Limita la publicidad de alimentos y de bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años y la de bebidas y alimentos envasados en centros escolares. No podrán sobrepasar las 200 calorías, no tendrán un alto contenido en ácidos grasos saturados o trans, sal o azúcares ni cafeína u otros estimulantes. Y se mostrará la cantidad de calorías netas por porción envasada de los productos que se ofrezcan en máquinas expendedoras o áreas de restauración.
-Exigencia a las empresas de producción alimentaria no desinformen al consumidor sobre lo que es una alimentación equilibrada.
-Cinco horas efectivas semanales de actividad física en los centros escolares, incorporados en un plazo de dos años.
Consultada por PlayGround, la nutricionista Jessica Gutiérrez, de SaludNutritiva, prevé que la industria alimentaria contraataque. Asimismo, cree que sería más adecuado que la información sobre alimentación saludable la dieran los nutricionistas, en lugar de formar a los profesores. "No se tiene en cuenta la figura del dietista-nutricionista en este proyecto". Sobre la estrategia de reducir los dulces a 200 kcal opina que es insuficiente: "la reducción no tiene sentido de esta forma, ya que puedes comerte 5 dulces de 200 calorías igualmente".
La Consejería de Salud andaluza también repartirá cartas de compromiso y distintivos oficiales para las entidades públicas y privadas que promueven los hábitos de vida saludables y creará un Sistema de Información de Calidad Nutricional de los Alimentos en Andalucía, una herramienta online para consultas ciudadanas.
Las primeras voces contrarias ya se han hecho escuchar. Según recoge El Mundo, la industria del mantecado, un dulce de producción típicamente andaluza, se quejó porque los estudiantes ya no podrían financiar los viajes de fin de curso con la venta de polvorones.
Sea como sea, la ley pone toda la atención en atajar un problema creciente en esta comunidad del sur de España. Quiere implicar tanto a la administración pública como a los fabricantes y distribuidores, a medios y publicistas. En su elaboración han participado unas 250 personas de diferentes colectivos: representantes de asociaciones de pacientes, consumidores, padres y madres de centros escolares, científicos y colegios profesionales, medios de comunicación y empresarios de los diferentes sectores afectados.
