En la estafa participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios
Varios funcionarios mexicanos han saltado a los medios de comunicación acusados de casos de corrupción. Quizás uno de los más mediáticos en los últimos tiempos sea Javier Duarte, ex Gobernador del Estado de Veracruz. A Duarte se le acusa de haber desviado 220 millones de pesos (10,7 millones de euros) de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz y de haber utilizado un helicóptero de la Gobernación cuando él ya no presidía la institución.
Sin embargo, tal y como denuncian Animal Político y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en una extensa investigación conjunta, los vicios de Duarte se reproducen en todo México y llegan hasta el corazón del Gobierno mexicano.
Entre 2013 y 2014, el Gobierno de México desvió 7.670 millones de pesos a 186 empresas, de las cuales 128 no debían recibir recursos públicos. ¿La razón? Muchas de ellas no tenían la infraestructura ni la personalidad jurídica para ofrecer los servicios para los que habían sido contratadas y otras eran empresas fantasmas que ni siquiera existían.
Además, el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3.433 millones de pesos simplemente desaparecieron.
Los fondos desviados salieron de un total de 11 instituciones públicas, como la Secretaria de Desarrollo Social, el FOVISSSTE -uno de los dos seguros sociales mexicanos-, el Registro Agrario Nacional, el Banco Nacional de Obras o Pemex.
Para ello utilizaron de intermediarias a 8 universidades públicas que luego subcontrataron a otras empresas.
Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
El Gobierno mexicano se aprovechó de un recoveco legal en las leyes mexicanas que dice que el sector público debe sacar a concurso los servicios. Sin embargo, existe la posibilidad de que el sector público evite esto si firma un convenio con universidades. En este caso, las universidades deben desempeñar al menos la mitad del servicio contratado.
No fue así en el caso de las 8 universidades públicas investigadas. Ninguna llegó a desempeñar ningún tipo de servicio pero sí llegaron a cobrar: mil millones de pesos en comisión solo por servicios de intermediario.
Entre 2013 y 2014, el Gobierno de México desvió 7.670 millones de pesos a 186 empresas, de las cuales 128 de ellas no debían recibir recursos públicos.
En concreto, fueron 73 convenios que derivaron en contratos con 186 empresas. De estas 128 presentaban diversas irregularidades. 11 eran empresas fantasmas, 9 están siendo investigadas, 28 no tenían dirección, 44 no cuentan con registro, 6 se dedican a temas que no tienen que ver con los servicios contratados, 12 se desmantelaron después de recibir el contrato, 8 no están en la dirección que declararon y 10 ni siquiera fueron localizadas. Se desviaron 192 millones de dólares pero estas empresas recibieron 429 millones de dólares en contratos.
El fraude total podría sumar 7.670 millones de pesos, lo cual ha sido calificado por el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, como "un claro acto de corrupción". Porque según resume Portal: “Hay tal premura, en la forma en cómo se manejaron algunos de los contratos donde es casi imposible ubicar a las empresas que asumieron el contrato. Es un mecanismo, no solo para la desviación, sino para la desaparición de los recursos públicos".
[Vía Animal Político]