La fiscal anticorrupción ha puesto fin a 8 años de investigación de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España y corroborado la existencia de una caja B del partido del Gobierno
El pasado lunes la fiscal anticorrupción, Concepción Sabadell, ponía fin a más de ocho años de investigaciones y declaraciones que han envuelto el caso Gürtel. Apenas una decena de periodistas cubrían la noticia. La atención seguía estando en Cataluña.
A Sabadell no le tembló el pulso y señaló que el Partido Popular se ha beneficiado y lucrado de sobornos a cambio de adjudicaciones. El informe emitido asegura que no se trata de hechos aislados ni puntuales, sino de una "organización creada para delinquir". En total, 37 acusados. Empresarios y altos cargos del partido de Mariano Rajoy.
Anticorrupción define la trama como un sistema dirigido a captar adjudicaciones públicas a cambio de pagar comisiones a altos cargos públicos.
“Es una actividad duradera de una organización con un mecanismo para obtener fondos públicos a cambio de sobornos. Un enriquecimiento que se consiguió con el abuso de las funciones públicas de los acusados que viciaron los procedimientos de contratación”, apunta Sabadell en el informe.
Sabadell también desestimó las peticiones de rebajar las penas a gran parte de los procesados por su "colaboración" para aportar pruebas y colaborar con el ministerio público.
En referencia a la composición de la trama de corrupción, Anticorrupción sitúa a Luis de Miguel como principal arquitecto de la red. "La estructura la creó Luis de Miguel para ocultar la identidad del verdadero responsable de las empresas". Ese responsable tiene nombre y apellidos: Francisco Correa.
Todas las empresas constituían un solo cuerpo. “Las hojas de coste, los cambios de trabajadores de una sociedad a otra, el cálculo total de los beneficios acreditan que todas las empresas tenían como finalidad obtener contratos públicos de forma opaca”, señala el informe.
Anticorrupción mantiene que la creación de estas empresas respondía a la voluntad de fraccionar contratos de modo oculto sin que pareciera que se trataba del mismo servicio. La organización funcionaba de manera jerarquizada "como una mafia".
Sabadell también ha despejado, finalmente, las pocas dudas que quedaban sobre la contabilidad B del PP. La fiscal asegura que su existencia queda "probada y demostrada" con los papeles de Bárcenas, donde el ex tesorero del PP apuntaba entradas y salidas de dinero considerados como "contabilidad extraoficial" del partido y de la que se lucraron más de una decena de altos cargos del partido.
Anticorrupción ha definido los hechos como un "cáncer para el Estado". Unos hechos que son, en palabras de la Fiscalía, de extrema gravedad, no sólo por la naturaleza de los delitos cometidos y el perjuicio que han provocado a los fondos públicos, sino porque se extendieron y enraizaron, como un modo ordinario de contratación pública, durante un largo periodo de tiempo (finales de los años 80) y en distintas administraciones gobernadas por el PP.
Es el turno ahora de las defensas de los imputados. Habrá que esperar hasta el 10 de noviembre para que el caso quede visto para sentencia. Quizás ese día, si Cataluña deja de ser el tema prioritario, sean más los periodistas que se acrediten en la Audiencia Nacional.