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Desde hoy es ilegal vivir en las calles de Hungría

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Tras los refugiados y los migrantes, el Gobierno del ultraderechista Viktor Orbán tiene un nuevo objetivo: las personas sin hogar

S.L.

15 Octubre 2018 17:38

Una enmienda constitucional puesta en marcha hoy pondrá un poco más difícil la vida a las personas sin hogar en Hungría. La séptima enmienda de la Ley Básica (la constitución húngara) fue aprobada el pasado junio por el Parlamento y, entre otras cosas, prohíbe “la residencia habitual en un espacio público”.

La legislación es una versión más dura de otra aprobada en 2013 que decretaba que dormir en la calle era motivo de multa. Ahora, con la nueva ley impulsada por el Gobierno de extrema derecha de Viktor Orbán, la policía podrá emitir advertencias a quien viva en áreas no autorizadas. Al cuarto aviso en menos de 90 días, la persona que se niegue a ir a un centro de acogida y recoger sus cosas se podría enfrentar a penas de cárcel o 6 meses en programas de obras públicas, entre otras sanciones.

Aunque la ley fue calificada en junio como “cruel e incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos" por el experto en vivienda de la ONU, Leilani Farha, estas advertencias no han frenado al Gobierno húngaro.

Attila Fulop, secretaria de Estado de Asuntos Sociales, explicaba que la medida buscaba “garantizar que las personas sin hogar no estén en las calles durante la noche y que los ciudadanos puedan hacer uso del espacio público sin impedimentos".

Sin embargo, para muchos es el reflejo de que, tras los migrantes y refugiados, el nuevo objetivo de las políticas de Orbán son las personas sin hogar.

"El Gobierno se ha percatado que no puede estar atacando a los inmigrantes eternamente, simplemente porque no hay inmigrantes en el país. Su discurso en contra de la inmigración le sirve en campañas nacionales pero a nivel local necesita otro chivo expiatorio", explicaba a The Guardian, Gábor Iványi, un sacerdote metodista que coordina centros de acogida en Budapest.

El ejecutivo de Viktor Orbán ya tuvo un intento previo de criminalizar la vida en la calle. Fue en 2010 pero las cortes del país lo declararon inconstitucional. Esta vez se trata de una enmienda de la constitución, por lo que la medida será mucho más difícil de impugnar legalmente.

Las organizaciones de derechos humanos critican que la medida difícilmente tendrá efecto positivo y que el problema principal es la falta de plazas y recursos para la acogida. “Se necesitan más recursos para evitar que la gente se quede sin hogar y albergar a los que terminan sin un lugar para quedarse”, explicó el director de la Fundación Albergue, Zoltan Aknai, según recoge Infobae.

Se calcula que hay 11.000 plazas disponibles en refugios estatales para al menos 20.000 personas sin hogar en Hungría.

La polémica medida ha provocado un terremoto político en Europa. El pasado mes, el Parlamento Europeo votó a favor de iniciar una acción legal contra el Gobierno de Orbán porque su trato a las personas sin hogar contribuía un "claro riesgo de una grave violación" de los valores de la UE.

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