Probablemente, estemos ante una de las mayores crisis de derechos humanos del siglo XXI
Hace unas semanas Naciones Unidas publicó un informe estremecedor:
Al menos un millón de uighures están recluidos en campos de reeducación en China.
Esta es una realidad de la que se sabe muy poco. Sin embargo, la represión del gobierno chino contra esta minoría religiosa musulmana lleva ejecutándose desde hace décadas.
¿Quiénes son los uighures y cómo ha llegado la situación hasta este punto?
Los uighures son una minoría étnica turcomana que habita la provincia septentrional china de Xinjiang. Representan 10 millones de personas en el país más poblado del mundo. Su religión es el Islam suní, y tienen sus propia lengua y costumbres. Pasaron a formar parte de China en 1949, año de la fundación de la República Popular. Desde entonces, el Gobierno de Pekín ha incentivado la presencia en la provincia de chinos de etnia Han, la mayoritaria en el país.
Ubicación de la Región Autónoma de Xinjiang. Fuente: Wikimedia Commons
Al mismo tiempo, lleva años ejecutando un programa de introducción del comunismo y el ateísmo, negando a los uighures derechos fundamentales.
El Gobierno chino ha aplicado en Xinjiang medidas como la prohibición del Ramadán, el velo en las mujeres, la barba en los hombres, o que los padres puedan poner nombres musulmanes a sus hijos. También ha establecido el cierre de mezquitas y escuelas religiosas, así como la imposición de centros educativos estatales o la obligación de ver la televisión pública del Gobierno.
Esta persecución derivó en 2009 en protestas en la región, que el gobierno reprimió duramente, dejando alrededor de 200 muertos. En 2016, el gobierno nombró gobernador de la provincia a Chen Quanguo, tristemente célebre por orquestar la represión del Tíbet. Desde su nombramiento, la represión se ha intensificado.
A las medidas anteriores se han sumado otras como la confiscación de pasaportes para que los uighures no puedan viajar, escáneres de reconocimiento facial en estaciones de tren y autobuses para vigilar sus movimientos, retención de teléfonos móviles para recopilar información privada y algunas tan estridentes como la promoción del alcoholismo y el tabaco. La más grave de todas, sin embargo, es la del internamiento en los campos de reeducación.
Según varias ONG, periodistas que han burlado la censura china y testimonios de los propios uighures, estos campos existen desde 2014. En ellos se interna a ciudadanos de etnia uighur de forma arbitraria. Las rutinas de los campos consisten en horas de adoctrinamiento comunista, tras las cuales los reclusos tienen que repetir consignas. También les obligan a practicar entrenamiento físico militar. Quienes se niegan, permanecen aislados con las manos esposadas hasta 12 horas. Algunos reportes hablan incluso de torturas como el waterboarding, como el presentado por una exfuncionaria del Departamento de Estado de EEUU, participante en la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China. Esta Comisión, de hecho, ha pedido formalmente a la Casa Blanca que aplique sanciones económicas a China como castigo por la persecución a los uighures. Según el informe de la ONU, 1 de cada 10 uighures está retenido en estas prisiones al aire libre.
¿Qué dice el Gobierno chino de todo esto?
Como es obvio, lo niega rotundamente, y justifica la existencia de estos campos como “centros de formación laboral” a los que es totalmente voluntario asistir. En el caso de la persecución a los uighures, el gobierno se escuda en que su prioridad es la lucha contra el terrorismo islámico y el separatismo de la región.
La realidad, sin embargo, es que los uighures nunca han tenido un movimiento separatista organizado y más allá de llas protestas de 2009, no han participado en actos violentos contra el Estado.
Parece que China usa la misma excusa que, desde los atentados terroristas del 11 de septiembre han usado otros países como Estados Unidos o Rusia para satisfacer sus intereses sin tener la oposición de la opinión pública: el Islam es el origen de todos los problemas. En China de hecho, el gobierno no ha dudado en afirmar que el Islam es una “enfermedad mental”.
Lo que ocurre en realidad es que Xinjiang es una de las provincias chinas más ricas en recursos naturales, entre ellos, el petróleo. Es, además, el centro logístico de la estrategia comercial china más ambiciosa hasta la fecha, la Belt and Road, por la que decenas de países se benefician de las inversiones mastodónticas chinas.
Entre ellos, hay varios países islámicos que no se han pronunciado sobre la persecución a esta minoría étnica, cuando sí lo han hecho, por ejemplo, en el caso de los rohingya en Myanmar. Además de los compromisos económicos, países islámicos aliados de China como Arabia Saudí anteponen una doctrina no intervencionista en los asuntos de otros países aduciendo que son temas de soberanía de terceros. También justifican la persecución por el mantenimiento de la estabilidad y el orden, políticas que, por otra parte, aplican en sus propios territorios.
