Ya han sido asesinados 10 alcaldes en medio de la guerra de las drogas iniciada por el presidente filipino
La controvertida guerra antidroga que vive Filipinas ha enterrado a dos políticos opositores del presidente del país, Rodrigo Duterte. El martes, hombres armados montados en motos acribillaron al alcalde Ferdinand Bote después de una reunión en la ciudad de Cabanatuan, a tres horas hacia el norte de Manila, la capital filipina.
Un día antes, un francotirador asesinó al alcalde Antonio Halili, de la ciudad de Tanauan, a plena luz del día mientras cantaba en un evento el himno nacional delante del Ayuntamiento.
Los cadáveres se cuentan por miles. Desde que Duterte accedió al cargo -junio de 2016- y declaró la muerte a cualquier consumidor o persona relacionada con el narcotráfico, existe el temor de que escuadrones de la muerte institucionales secuestren o asesinen a cualquiera.
"Si seguís consumiendo drogas, voy a mataros. No os lo toméis como una broma. No estoy intentando haceros reír. Hijos de puta, de verdad que os mataré", dijo el presidente hace dos años en Davao.
Bajo la Operation Double Barrel, las víctimas mortales ascenderían a más de 4.000 según fuentes policiales. Los cálculos de ONGs elevaban la cifra de asesinados a más de 13.000 y otras fuentes apuntan a que hay 23.500 asesinatos sin resolver.
Corre la sangre y no pasa nada. Organizaciones denuncian la impunidad. Duterte mandó elaborar también una 'narcolista' con nombres de políticos presuntamente implicados en el tráfico de drogas. Cinco alcaldes que figuraban en esa lista han sido asesinados.
Uno de los asesinados esta semana, Halili, se hizo famoso por seguir las prácticas de Duterte y someter a los arrestados por presunta posesión o tráfico de drogas a los llamados “paseos de la vergüenza” que consisten en exhibir públicamente a los detenidos. Hacerlos desfilar humillantemente. Sin embargo, más tarde Halili vio su nombre en la narcolista del Estado. Finalmente, un tiro le ha atravesado el pecho. Del otro alcalde abatido, la policía ha declarado que no tiene indicios de que ni siquiera estuviera vinculado a los narcos.
Sin que esté esclarecida la responsabilidad de los asesinatos -si es que se llega a esclarecer-, organizaciones pro derechos humanos argumentan que el plan de Duterte para combatir los drogas es un genocidio encubierto a pobres y opositores.
Los dos asesinatos se producen cuatro días después de que el presidente de Filipinas bromeara con que los segundos en el poder deberían secuestrar o acabar con sus jefes para tener su puesto:
"Cuanto antes elimines a tu alcalde, antes llegaras a ser el alcalde", sentenció en una conferencia en la provincia de Bohol.
"La cultura de violencia de Duterte está sobre nosotros. Nadie está a salvo ahora”, dijo en un comunicado el senador opositor Antonio Trillades. "Los alcaldes que figuran en la lista tienen miedo y alegan que no están involucrados en el tráfico de drogas", declaró la presidenta de Liga Nacional de Municipios de Filipinas, Marie Fe Brondial, en una radio local.
Reuters publicó un informe que revela que el número total de drogadictos o la delincuencia relacionada con la droga se ha exagerado desde el gobierno. La mayoría de los asesinados además pertenecen a la escala más baja de la sociedad.
"Hitler masacró a tres [sic] millones de judíos. Ahora, hay tres millones de drogadictos a los que estaría encantado de matar. Si Alemania tuvo a Hitler, Filipinas me tiene a mí", afirmó Duterte en enero de 2017.