Un informe arroja luz sobre los 70 años de violaciones a niños y adolescentes por parte de clérigos que han permanecido impunes gracias al encubrimiento de la Iglesia
“Nosotros, los miembros de este gran jurado, necesitamos que escuchéis esto”.
Así empieza el informe que un gran jurado ha llevado a cabo sobre los más de 70 años de abusos sexuales que la Iglesia Católica ha cometido, silenciado y encubierto en Pensilvania. Las cifras son horripilantes: más de 1.000 víctimas, 300 depredadores sexuales, 54 condados y seis diócesis confabuladas que han ocultado todos los casos. Hasta ahora.
Sus víctimas principales eran adolescentes y prepúberes, niños en su mayoría, aunque también las niñas fueron golpeadas por la violencia sexual ejercida por los clérigos.
Las formas en que los clérigos llevaron a cabo los crímenes se recopilan en el informe, cuyas fuentes son los propios archivos diocesanos en los que se registraron los casos de agresión. Todo se barrió bajo la alfombra: las redes de curas en Pittsburgh que señalaban a los niños escogidos con un colgante de un crucifijo; las supuestas revisiones para detectar el cáncer del cura Chester Gawronski; la coacción con pistolas y látigo; la sumisión mediante drogas o alcohol, el maltrato psicológico; las violaciones; las fotografías de niños obligados a posar.
Mientras los agresores quedaban impunes y seguían ejerciendo su oficio y gozando de sus privilegios, las víctimas han convivido con estos episodios traumáticos y mucho más: algunos han tenido que vivir a 5 minutos de sus violadores, otros han sido humillados y culpados, o han sufrido abortos forzados, como el que ordenó el cura Thomas Skotek, de Scranton, para la joven que dejó embarazada. A él, su superior le envió una carta que decía: “Este es un momento muy difícil en tu vida y me doy cuenta de lo amargo que es esto. Yo también comparto tu dolor”.
La investigación, encabezada por el fiscal general del Estado, Josh Shapiro, revela los nombres de los acosadores y de sus encubridores, así como los actos criminales de naturaleza sexual que se les conocen. Sin embargo, la mayoría de casos han prescrito sin denuncia mediante, por lo que el jurado ha recomendado hacer lo posible para que las víctimas de más edad puedan denunciar a sus acosadores y a la Iglesia. Por supuesto, la Iglesia ha presionado contra cualquier posibilidad que suponga su condena. De momento, los legisladores de Pensilvania no han accedido a anular el derecho de prescripción.
El jurado también ha podido dilucidar entre los archivos diocesanos una serie de prácticas habituales de la Iglesia en Pensilvania que constituyen una suerte de “manual del buen encubridor” y que son una verdadera lectura de terror. Por ejemplo, las quinta, sexta y séptima recomendaciones dicen así:
- “Quinto, aunque un cura esté violando a niños, sigue proporcionándole vivienda y cubriendo todos sus gastos, aunque esté usando estos recursos para que ocurran más asaltos sexuales”.
- “Sexto, si la conducta del depredador llega a ser conocida por la comunidad, no lo desposeas del sacerdocio para asegurar que no se victimicen más niños. En lugar de eso, cámbialo a otro lugar donde nadie sepa que es un acosador de niños”.
- “Finalmente, y por encima de todo, no se lo cuentes a la policía. El abuso sexual de menores, aunque sin penetración, es y ha sido un crimen. Pero no lo trates de esa forma, sino como un asunto personal, de casa".
Toda una compleja máquina generada en Pensilvania y que llega hasta el Vaticano para ocultar los delitos sexuales de distintos rangos del clero que han quedado impunes durante todo este tiempo.
“A algunos se les manipuló con alcohol o pornografía. A otros les obligaron a masturbar a sus asaltantes, o se les manoseó. Algunos fueron violados oralmente, vaginalmente, analmente. Pero a todos se les ignoró, en cada una de las partes de este Estado, por los líderes eclesiales que prefirieron proteger a los acosadores y a su institución por encima de todo”, relata el informe.
