No hay rastro de la presidencia de Obama que se le resista a la Administración de Trump. El último movimiento en esta dirección ha sido la decisión de retomar la pena de muerte para casos federales, tras 16 años de moratoria.
El fiscal general de EEUU, William Barr, ha ordenado a la Oficina de Prisiones que programe la ejecución de cinco reclusos a partir de diciembre de este año. En el comunicado del Departamento de Justicia que anuncia la medida, Barr justifica la decisión en la necesidad de “traer justicia a las víctimas de los crímenes más horribles”. Las primeras ejecuciones afectarán a cinco presos “acusados de asesinato, y en algunos casos de tortura y violación, a los más vulnerables de nuestra sociedad: los niños y los ancianos”. “Debemos sacar adelante las sentencias impuestas por nuestros tribunales”, dice el comunicado.
Desandar lo andado
El gobierno federal ha llevado a cabo un total de tres ejecuciones desde que el Congreso restableció la pena de muerte en 1988. La última vez que se dio una orden similar fue en 2003. Desde entonces se paralizaron este tipo de condenas mientras la administración penitenciaria revisaba el efecto agonizante de los fármacos utilizados durante las ejecuciones.
Durante el mandato de Obama también se ordenó reexaminar el procedimiento, sobre todo tras la cadena de negligencias cometidas durante la ejecución de Clayton Lockett, que recibió una mezcla de medicamentos experimental que le provocó convulsiones y dolor extremo durante su muerte en 2014.
La Administración de Trump decide ahora volver a las ejecuciones federales mediante el método de la inyección letal. Eso sí, el protocolo de ejecución actualizado incluirá un solo anestésico llamado pentobarbital con el fin de evitar los dolorosos efectos del polémico cóctel de tres fármacos.
En el corredor de la muerte
Actualmente, existen 62 presos en el corredor de la muerte por condenas de ámbito federal. Entre ellos, los cinco hombres que serán ejecutados tras el imperativo de Barr. Todos ellos “declarados culpables por un jurado en un juicio justo”, según el comunicado del Departamento de Justicia.
Daniel Lewis Lee es uno de los cinco “escogidos”. Este supremacista blanco fue declarado culpable por el asesinato de una familia de tres, entre ellos una niña de 8 años.
El segundo condenado es Lezmond Mitchell, culpable de apuñalar a una abuela de 63 años y obligar a su nieta de 9 años a sentarse junto a su cuerpo sin vida durante un viaje de 40 millas, para después cortarle la garganta a la niña dos veces.
Wesley Ira Purkey es otro de los condenados a muerte bajo la nueva orden. Está condenado por violar y matar violentamente a una niña de 16 años antes de desmembrarla y quemarla. Anteriormente también había sido condenado por matar a una mujer de 80 años con un martillo.
El cuarto convicto es Alfred Bourgeois, quien torturó y abusó sexualmente de su hija de 2 años antes de matarla a golpes.
La lista la completa Dustin Lee Honken, declarado culpable tras asesinar a cinco personas, incluida una madre soltera y sus dos hijas de 10 y 6 años.
Las ejecuciones tendrán lugar en el penal de Terre Haute, en Indiana, los próximos meses de diciembre y enero.
Las voces en contra de la pena capital
La decisión de reanudar la pena de muerte a nivel federal ha generado consternación en determinados sectores de la sociedad. Actualmente hay 21 estados, además del distrito de Washington, que han abolido la pena capital. Otros 29 lo mantienen, la mayoría en el sur estadounidense.
La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, cuyo estado ha abolido la pena de muerte, afirmó que “el sistema de justicia penal de Estados Unidos tiene una larga historia de errores cuando se trata de la pena capital, especialmente en personas negras y morenas”.
En esta línea, la abogada experta en casos capitales, Andrea D. Lyon, explica en una columna en The Atlantic que hay muchas razones por las cuales los casos de pena de muerte están inusualmente sujetos a errores. “Los crímenes a menudo son horribles y gravan la capacidad de un jurado de presumir inocencia”, apunta.
Un ejemplo de hasta qué punto las condenas capitales pueden fallar es el mediático caso de “los cinco de Central Park”, todos menores de edad y de color, cuya ejecución fue exigida por Trump públicamente. Tras cumplir condena, los acusados fueron exonerados gracias a la confesión del violador real, cuyo ADN coincidió en todas las pruebas del caso.
Los chicos eran inocentes. Sin embargo, Trump nunca retiró sus comentarios.